Saltillo, Coahuila.
En un hecho que sienta precedente en la entidad, una mujer identificada como Stella “N” fue vinculada a proceso por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria, tras una audiencia celebrada ante un juez de control, donde la Fiscalía estatal presentó datos de prueba relacionados con un conflicto de índole familiar.
De acuerdo con los reportes periodísticos, el caso se construye bajo el argumento de que la imputada habría utilizado a sus hijas e hijos como instrumento para causar daño emocional a su expareja, en un contexto de disputa personal y familiar. El padre de familia involucrado fue identificado como Jhonny Robles, quien señaló públicamente que espera que este proceso marque un antes y un después en el tratamiento judicial de este tipo de conductas en Coahuila.
¿Qué es la violencia vicaria?
La violencia vicaria ha sido conceptualizada como una forma de agresión indirecta: no se ataca directamente a la expareja, sino que se utiliza a terceras personas —principalmente hijas e hijos— como medio para generar daño psicológico, emocional o incluso patrimonial. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado por especialistas y organismos nacionales, particularmente en escenarios de separación o disputa por custodia.
Aunque comúnmente se visibiliza como violencia ejercida contra mujeres, el caso en Coahuila destaca por su particularidad: la imputación recae en una mujer, lo que abre un debate jurídico relevante sobre la aplicación del tipo penal, la interpretación de la conducta y el principio de igualdad ante la ley.
Alcance legal del caso
Desde una perspectiva de derecho penal, la vinculación a proceso no implica culpabilidad: significa únicamente que el juez consideró que existen elementos iniciales suficientes para continuar la investigación bajo supervisión judicial. En esta etapa, la defensa puede controvertir los datos de prueba, solicitar diligencias y promover criterios alternos, mientras que la Fiscalía deberá robustecer su teoría del caso.
Asimismo, se reporta que el juez impuso medidas cautelares, orientadas a evitar riesgos de confrontación o reiteración del conflicto mientras avanza el proceso.
Un precedente que exige rigor
El desafío institucional será enorme. La violencia vicaria requiere investigación técnica, valoración pericial psicológica y un enfoque de protección integral a niñas y niños. Si el Estado judicializa sin rigor, corre el riesgo de trivializar el concepto; pero si actúa con inteligencia, puede transformar un precedente mediático en una ruta efectiva para la justicia.
En Coahuila, este expediente ya no es solo un caso familiar: es un mensaje legal y social sobre cómo la justicia empieza a reconocer que los menores no son moneda de cambio ni arma emocional en conflictos de pareja.
