La reciente validación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para trasladar las funciones de inteligencia financiera estatal hacia la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León marca algo más que un ajuste administrativo: representa un cambio estructural en el equilibrio de poder institucional y en la forma en que el Estado combate delitos patrimoniales y operaciones con recursos ilícitos.
La validación de la SCJN y el Decreto 196
El máximo tribunal avaló la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF), derivada del Decreto 196 aprobado por el Congreso local, el cual reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía para integrar esta instancia como órgano especializado en la investigación de delitos financieros.
La reforma tiene raíces en 2022 y fue promulgada en febrero de 2024 tras controversias constitucionales impulsadas por el Ejecutivo estatal.
Con esta decisión, la nueva fiscalía absorbe funciones que antes pertenecían a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), adscrita a la Tesorería estatal, orientadas al análisis de flujos económicos sospechosos y al seguimiento de operaciones vinculadas al lavado de dinero o delitos fiscales.
Alcances y límites del fallo
La Corte determinó que el Congreso sí tiene facultades para reasignar estas atribuciones al ámbito penal sin invadir competencias del Ejecutivo, lo que cierra una disputa política que se prolongó durante años.
Sin embargo, el fallo también delimitó alcances: la fiscalía estatal no podrá bloquear cuentas bancarias, ya que esa atribución pertenece exclusivamente al ámbito federal, lo que evidencia la persistente centralización de herramientas financieras estratégicas en México.
Contexto político e institucional
El trasfondo no es menor. El contexto político del estado ha estado marcado por confrontaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, incluyendo más de 180 vetos gubernamentales en tres años, una cifra que evidencia la tensión institucional y que enmarcó la disputa por el control de la inteligencia financiera.
Implicaciones estratégicas y económicas
Desde una perspectiva estratégica, el traslado de capacidades analíticas al ámbito de procuración penal podría fortalecer la persecución de delitos económicos en una región clave para el nearshoring y la inversión extranjera.
En México, las reformas antilavado recientes han ampliado sanciones y exigencias regulatorias para empresas, reforzando la coordinación entre inteligencia financiera y ministerios públicos para investigaciones criminales.
La lectura profunda es clara: la inteligencia financiera se está convirtiendo en un instrumento de seguridad económica y política. Su ubicación institucional no solo determina eficiencia investigativa, sino también equilibrios de poder, transparencia y confianza de inversionistas.
Nuevo León, epicentro industrial del país, enfrenta ahora el reto de demostrar que esta reconfiguración fortalecerá el Estado de derecho y no ampliará la arena de disputa política. Porque en economías abiertas, la credibilidad institucional vale tanto como el capital que se pretende proteger.
