El debate sobre el precio de la gasolina en México suele simplificarse en una frase cómoda: si sube el petróleo, que bajen los impuestos. A primera vista, el argumento parece lógico. Sin embargo, cuando se descompone el precio por litro, la realidad revela una estructura más compleja y, sobre todo, más incómoda.
El precio final no depende únicamente del costo internacional del crudo. De hecho, casi la mitad del valor corresponde al componente del combustible como tal, mientras que cerca de otro cuarenta por ciento se concentra en impuestos, principalmente el IEPS y el IVA. El resto, logística y margen, es sorprendentemente reducido. Este dato es clave: el margen del gasolinero ronda apenas un peso por litro y la distribución apenas supera ese nivel. Es decir, el sistema opera con un espacio mínimo para absorber presiones externas.
Aquí surge la primera tensión estructural. Cuando el precio internacional sube, alguien debe absorber ese incremento. En mercados abiertos, el consumidor lo paga. En México, el gobierno ha optado por amortiguar ese impacto a través del IEPS, ajustándolo de forma flexible. Esto no es casualidad, sino una decisión de política económica que usa el impuesto como válvula de estabilidad social.
Pero esta estrategia tiene un costo oculto. Cada peso que el gobierno deja de recaudar para contener el precio es un peso menos disponible para gasto público. Es, en términos simples, un subsidio indirecto. Y como todo subsidio, genera distorsiones: no discrimina entre quienes realmente lo necesitan y quienes pueden absorber el costo completo.
Además, existe un límite. Si el precio internacional sube de forma sostenida, el margen de maniobra fiscal se reduce de forma importante. El gobierno no puede eliminar indefinidamente el IEPS sin comprometer ingresos clave. En ese punto, el discurso de control de precios se enfrenta a la realidad de las finanzas públicas.
El verdadero dilema no es técnico, sino político. Se trata de decidir entre estabilidad en el corto plazo o sostenibilidad en el largo. México ha privilegiado la primera, entendiendo que la gasolina impacta directamente en la inflación y en el ánimo social.
Sin embargo, esta política también pospone una discusión más profunda: la dependencia estructural de los combustibles fósiles y la falta de diversificación energética. Mientras esta condición persista, el precio de la gasolina seguirá siendo no solo un indicador económico, sino un termómetro político.
Reducir el IEPS puede contener el problema de forma temporal, pero no resuelve el fondo del desafío energético y fiscal del país.
