La exclusión inicial de México del llamado Escudo de las Américas, la alianza impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir a los cárteles del narcotráfico, no es un episodio diplomático menor. En el fondo abre una discusión estratégica sobre seguridad regional, soberanía y también sobre comercio. La política de seguridad en el continente comienza a entrelazarse con los intereses económicos de América del Norte en un momento particularmente delicado.
La iniciativa fue firmada en Florida con la participación de doce países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. México, junto con Brasil y Colombia, quedó fuera de la mesa inicial. Aunque Washington ha señalado que la puerta no está cerrada y que la alianza podría ampliarse en el futuro, el mensaje político es evidente: la seguridad hemisférica comienza a reorganizarse bajo nuevos alineamientos.
El contexto económico vuelve la situación aún más relevante. México es el principal socio comercial de Estados Unidos y el eje productivo de Norteamérica bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T MEC. El intercambio comercial entre ambos países supera los ochocientos mil millones de dólares al año y millones de empleos dependen de esa relación. Cualquier tensión política que altere la cooperación bilateral inevitablemente repercute en la estabilidad económica regional.
Los datos del crimen organizado explican por qué el tema ocupa hoy el centro del debate. Autoridades estadounidenses estiman que varios cárteles mexicanos operan en decenas de países y controlan una parte sustancial del tráfico de drogas hacia el mercado estadounidense. Al mismo tiempo el lavado de dinero vinculado al narcotráfico se mueve a través del sistema financiero internacional con cifras que alcanzan cientos de miles de millones de dólares cada año.
Sin embargo la propuesta de combatir a los cárteles mediante una coalición militar plantea interrogantes profundas. México ha defendido durante décadas el principio de no intervención como base de su política exterior. Integrarse a una estrategia militar liderada por Washington implicaría revisar ese principio histórico. Pero rechazarla por completo también podría generar presiones políticas en la relación bilateral más importante para la economía mexicana.
El riesgo es que seguridad y comercio terminen mezclándose en una misma negociación política. Si la cooperación contra el narcotráfico comienza a condicionarse con acuerdos económicos o con la revisión del T MEC, la relación entre ambos países entraría en una nueva etapa. No sería la primera vez que los temas de seguridad influyen en el comercio internacional, pero en América del Norte las consecuencias podrían ser particularmente profundas.
La pregunta entonces no es solamente si México se integrará o no al Escudo de las Américas. La reflexión de fondo es más amplia. El verdadero desafío será decidir si la relación entre México y Estados Unidos seguirá guiándose por la lógica de integración económica que ha definido a Norteamérica durante tres décadas o si comenzará una etapa donde la seguridad se convierta en la nueva moneda de negociación del comercio regional.
