El combate al lavado de dinero en México vive uno de sus episodios más tensos de los últimos años. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso más de 26 multas a Banco Base y Banca Mifel, acumulando sanciones por más de 18 millones de pesos por incumplimientos relacionados con prevención de lavado, omisiones en reportes y fallas en controles internos. Para algunos es una señal de mayor vigilancia; para otros, un movimiento político disfrazado de regulación técnica.
Estas sanciones no pueden entenderse aisladas. Coinciden con una etapa de escrutinio regional donde Washington —a través del Departamento del Tesoro, el GAO y FinCEN— ha intensificado su presión sobre México para elevar estándares de cumplimiento, particularmente en sectores sensibles al flujo de efectivo como casinos, entidades cambiarias y banca corporativa. Cuando Estados Unidos aprieta, la CNBV responde con velocidad quirúrgica.
El caso de los casinos vuelve a colocarse sobre la mesa. Son históricamente un punto de vulnerabilidad: compra de fichas, triangulación de recursos, dispersión en efectivo y operación en cadenas que difícilmente se auditan en tiempo real. La autoridad mexicana sabe que este sector aparece cada año en los reportes de riesgo emitidos por agencias estadounidenses, y cada movimiento irregular es interpretado como una señal de alerta internacional.
Pero el elemento más revelador ocurre dentro de la propia CNBV. El reciente relevo en la Vicepresidencia de Normatividad, donde sale Autora Cervantes Martínez —figura marcada por polémicas internas y cuestionamientos sobre su gestión— abre un nuevo capítulo. Sustituir a quien define criterios técnicos, interpreta estándares y establece la línea regulatoria del país no es un movimiento administrativo: es un mensaje.
¿Responde a presión de Washington para “endurecer” el marco antilavado?
¿O estamos ante una cacería de brujas donde el regulador intenta mostrar fuerza a partir de expedientes acumulados?
Ambas narrativas conviven. Y esa ambigüedad es peligrosa.
Porque la credibilidad de la supervisión financiera no se construye desde el miedo, ni desde la venganza institucional, ni desde la presión geopolítica. Se construye con reglas claras, supervisión coherente y una visión estratégica que no dependa del vaivén político ni del ruido mediático.
La pregunta central es si este episodio elevará realmente la solidez del sistema financiero o si sólo quedará como otro ciclo reactivo para “cumplir hacia afuera” mientras dentro seguimos improvisando. Ya lo vemos: cuando la regulación se usa como espada y no como brújula, México corre el riesgo de transformar la lucha contra el lavado en un instrumento político, no en un mecanismo de protección nacional.
