Hoy estamos en una etapa crítica de evaluación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), una alianza económica que ha definido la relación comercial más significativa de México en décadas. Este acuerdo ha conseguido que el comercio bilateral supere los 930,000 millones de dólares en 2024, consolidando a México como el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de Canadá y China.
Sin embargo, esta evaluación técnica del T-MEC no ocurre en un vacío. México enfrenta una era geopolítica compleja, marcada por tensiones diplomáticas con Washington, presiones derivadas del narcotráfico transfronterizo y decisiones de política exterior que han alarmado a la administración estadounidense. En estos meses, Washington ha vinculado de manera explícita temas comerciales del T-MEC con cuestiones de seguridad y narcotráfico, imponiendo tarifas adicionales (hasta 25 %) sobre importaciones mexicanas bajo la justificación de combatir el fentanilo y la inmigración ilegal.
Esta escalada de tensiones ocurre mientras EE. UU. intensifica su retórica contra los grupos criminales mexicanos, incluso considerando opciones militares y designando carteles como organizaciones terroristas. Washington ha sancionado a individuos y entidades ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por narcotráfico, lavado y robo de combustible, describiendo estas actividades como herramientas financieras del crimen organizado.
Al mismo tiempo, la diplomacia mexicana se ha visto tensionada por decisiones que irritan al gobierno estadounidense. México ha emergido como proveedor crucial de combustible para Cuba, superando los envíos venezolanos y abasteciendo cerca de 12,000 barriles por día, lo que ha generado críticas directas del presidente Trump por socavar las sanciones contra La Habana. Además, el reclamo mexicano contra la intervención militar de EE. UU. en Venezuela ha profundizado las distancias políticas entre ambos gobiernos.
Estas dinámicas ponen a prueba la lógica original del T-MEC: un acuerdo centrado en prosperidad, estabilidad y crecimiento compartido. En los hechos, el comercio sigue siendo robusto, pero los vínculos económicos se ven condicionados por la percepción estadounidense de que México no controla eficazmente al crimen organizado ni al tráfico de drogas hacia su frontera. Esta preocupación no es abstracta: se estima que los carteles mexicanos ganan decenas de miles de millones de dólares al año y ejercen control territorial significativo, afectando la seguridad regional.
La reflexión es dura: el T-MEC no es solo un instrumento de prosperidad económica, sino también un espejo de la interdependencia estructural entre México y EE. UU. La economía mexicana crece con la integración productiva norteamericana, pero al mismo tiempo se ve expuesta a la política interna y de seguridad estadounidense, donde cada fracaso percibido en materia de narco-violencia o política exterior se traduce en presión económica y diplomática.
De cara a su evaluación, México debe preguntarse si la única forma de preservar este pilar de prosperidad es ceder soberanía en seguridad y alineamientos diplomáticos o si existe una vía propia que concilie crecimiento con autonomía estratégica. La respuesta a este dilema determinará no solo el futuro del T-MEC, sino la posición de México en un mundo cada vez más polarizado y competitivo.
