La frase incomoda porque obliga a mirar hacia adentro. No es solo un juicio político: es un diagnóstico social. En México, el presupuesto, la corrupción y la educación no son fallas aisladas del sistema; son el reflejo de incentivos, tolerancias y prioridades colectivas.
El Presupuesto de Egresos 2026 asciende a más de 10.2 billones de pesos, una cifra histórica que, en teoría, debería traducirse en bienestar. Sin embargo, el problema no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Mientras se destinan más de 1.1 billones de pesos a educación, también se registran recortes a órganos autónomos y reasignaciones políticas que cuestionan la eficiencia del gasto. La Auditoría Superior ha detectado miles de millones de pesos con irregularidades en un solo año. No es falta de recursos: es fuga de confianza.
En corrupción, el dato es contundente: México se mantiene entre los países con peor percepción a nivel global. Esto no solo habla de gobiernos opacos, sino de una cultura donde la normalización de prácticas indebidas sigue vigente. La corrupción no sobrevive sin tolerancia social; se alimenta de ella.
El caso de Nuevo León es ilustrativo. Es uno de los motores económicos del país, líder en inversión extranjera y productividad, pero también enfrenta contradicciones estructurales. Aunque tiene uno de los niveles educativos más altos del país, los resultados académicos no destacan significativamente sobre el promedio nacional. Incluso en los estados más competitivos, la educación no logra romper la inercia.
A nivel nacional, millones de jóvenes quedan fuera del sistema educativo antes de concluir la educación media superior. Esto implica una barrera estructural para el desarrollo. La desigualdad educativa se convierte en desigualdad económica, y esta en desigualdad política.
La frase entonces cobra sentido: tenemos el gobierno que toleramos, que replicamos y que en muchos casos elegimos sin exigir resultados. Un presupuesto mal vigilado, una corrupción socialmente aceptada y una educación insuficiente no son accidentes, son consecuencias.
Cambiar el gobierno sin cambiar la ciudadanía es solo maquillaje institucional. Porque al final, el verdadero presupuesto de un país no está en sus números, sino en sus valores.
