El Paquete Económico 2027 plantea un cambio relevante en la mecánica con la que las empresas determinarán su carga fiscal. Aunque no se propone un incremento general a la tasa del Impuesto Sobre la Renta, diversas modificaciones podrían elevar la tasa efectiva que enfrentan las personas morales al reducir la capacidad de utilizar deducciones, intereses y pérdidas fiscales para disminuir la base gravable.
El punto más sensible es la propuesta dirigida a empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos. Bajo el nuevo esquema, cuando las deducciones representen hasta 96.67 por ciento de los ingresos acumulables, sólo podría reconocerse fiscalmente 99 por ciento de dichas deducciones. Si las deducciones superan ese nivel, el límite se ubicaría en 96.67 por ciento de los ingresos. En términos económicos, esto introduce un piso de utilidad fiscal aun cuando la rentabilidad contable o el flujo de efectivo sean considerablemente menores.
La medida parte de un problema real. De acuerdo con los datos utilizados por Hacienda, de aproximadamente 524 mil empresas del régimen general que reportaron ingresos positivos durante 2025, 318 mil, equivalentes a 60.7 por ciento, no pagaron ISR. Además, alrededor de 223 mil registraron deducciones iguales o superiores a sus ingresos. El objetivo oficial es cerrar espacios de planeación fiscal agresiva y combatir esquemas de erosión de la base tributaria.
Sin embargo, el efecto no será exclusivamente para empresas que incurren en prácticas abusivas. Una compañía con márgenes operativos reducidos, fuertes gastos de operación o elevados requerimientos de capital de trabajo podría enfrentar una mayor utilidad fiscal que económica. Esto significa que el impuesto podría crecer sin que necesariamente aumente el efectivo disponible para pagarlo.
Otro cambio relevante se encuentra en la deducción de intereses netos. La propuesta reduciría de 30 a 20 por ciento el límite vinculado con la utilidad fiscal ajustada. La consecuencia puede ser particularmente importante para compañías intensivas en capital, desarrolladores inmobiliarios, constructoras, manufactureras y empresas que recurren al financiamiento para crecer. Una menor deducibilidad implica un mayor costo financiero después de impuestos y puede modificar la estructura óptima de capital.
También destaca la limitación propuesta para la amortización de pérdidas fiscales, que permitiría aplicar únicamente hasta 50 por ciento de la utilidad fiscal del ejercicio. Aunque el saldo de pérdidas no desaparecería, su aprovechamiento sería más lento. Para empresas que atraviesan procesos de recuperación o que realizaron inversiones importantes durante años anteriores, esto podría anticipar el pago de ISR y presionar el capital de trabajo.
Desde una perspectiva financiera, el punto central es que la reforma puede incrementar la tasa efectiva de tributación sin modificar nominalmente la tasa del ISR. La diferencia entre utilidad contable, utilidad fiscal y flujo de efectivo adquirirá todavía mayor importancia para la toma de decisiones empresariales.
También existen elementos favorables. La propuesta elevaría de 35 a 50 millones de pesos el límite de ingresos para personas morales que pueden tributar bajo el Régimen Simplificado de Confianza, ampliando potencialmente el universo de pequeñas y medianas empresas beneficiadas por un esquema de cumplimiento más sencillo. Asimismo, se contempla un mecanismo de repatriación de capitales con una tasa preferencial de 7.5 por ciento, condicionado al cumplimiento de determinados requisitos.
El contexto macroeconómico explica parte de la estrategia. Hacienda plantea para 2027 un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento, inflación de 3 por ciento, tipo de cambio estimado de 18 pesos por dólar y un déficit público de aproximadamente 3.9 por ciento del PIB.Con un espacio fiscal limitado, aumentar la recaudación mediante una ampliación de la base gravable resulta políticamente menos visible que elevar directamente las tasas.
Conclusión: el verdadero impacto empresarial del Paquete Fiscal 2027 no necesariamente estará en cuánto sube el ISR, sino en cuánto menor será la capacidad de las empresas para reducir su utilidad fiscal mediante deducciones, intereses y pérdidas. Para los empresarios, esto obliga a revisar desde 2026 la estructura financiera, el nivel de endeudamiento, la generación de pérdidas, los márgenes operativos y la documentación de las deducciones.
La planeación fiscal deberá integrarse con la planeación financiera. En un escenario de crecimiento moderado, una mayor utilidad fiscal sin un incremento equivalente del flujo de efectivo puede convertirse en uno de los principales riesgos para las empresas. El desafío para el Gobierno será combatir la evasión y la simulación sin generar incentivos que terminen penalizando la inversión productiva y a las compañías que cumplen correctamente con sus obligaciones.
