Por Carlos Peña
La deuda pública no es solamente una cifra en los informes de Hacienda. Es una decisión económica que compromete los ingresos futuros del país y determina cuánto dinero podrá destinar México a salud, educación, seguridad e infraestructura. La pregunta incómoda es inevitable: ¿estamos financiando el desarrollo o trasladando el costo de nuestras decisiones a las siguientes generaciones?
Los datos obligan a mirar con atención. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2025, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, el indicador más amplio de la deuda, alcanzó 52.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, los requerimientos financieros del sector público representaron 4.3% del PIB. Aunque el déficit presupuestario bajó de 5% en 2024 a 3.9% en 2025, el ajuste fiscal todavía exige decisiones estructurales. En agosto de 2026, Hacienda reportó que la deuda se ubicó en 51.5% del PIB.
El problema no consiste únicamente en cuánto debemos, sino en cuánto cuesta financiar esa deuda y qué obtenemos a cambio. El Presupuesto de Egresos de 2026 contempla alrededor de 1.3 billones de pesos para cubrir el costo financiero de la deuda interna y externa del Gobierno Federal. Son recursos destinados al pago de intereses y otros costos financieros, no a reducir directamente el saldo del principal.
Cada peso destinado a intereses es un peso que debe evaluarse frente a otras necesidades nacionales. Si el endeudamiento financia infraestructura productiva, innovación, energía, educación y proyectos capaces de elevar la productividad, puede convertirse en una herramienta de crecimiento. Pero si sostiene gastos que no generan beneficios económicos duraderos, la factura se vuelve más difícil de justificar.
El riesgo aumenta cuando el crecimiento económico es insuficiente, las tasas de interés permanecen elevadas o los ingresos públicos no avanzan al ritmo de los compromisos. En ese escenario, el Gobierno enfrenta una disyuntiva: recaudar más, contener el gasto, refinanciar obligaciones o reducir recursos para otras prioridades. Ninguna alternativa es gratuita para la sociedad.
México conserva fortalezas importantes: una proporción significativa de la deuda está denominada en moneda nacional y a tasa fija, con vencimientos de largo plazo. Hacienda también reportó un superávit primario de 84 mil millones de pesos a agosto de 2026. Estos elementos ayudan a contener riesgos, pero no eliminan la necesidad de disciplina presupuestaria y crecimiento sostenido.
La verdadera discusión no debería reducirse a defender o condenar el endeudamiento. Debemos exigir transparencia sobre el destino de los recursos, evaluaciones de rentabilidad social, mayor eficiencia del gasto y una estrategia creíble para estabilizar la deuda respecto al PIB.
La conclusión es contundente: la deuda pública no se paga con discursos ni con promesas de bienestar, sino con ingresos futuros, productividad y decisiones responsables. Si el endeudamiento de hoy no construye una economía más competitiva, mañana los contribuyentes tendrán que financiar los errores del pasado. La responsabilidad de un gobierno no es solamente decidir cuánto puede pedir prestado, sino demostrar qué riqueza dejará a cambio. Porque la deuda puede financiar el futuro, pero también hipotecarlo.
