Pensiones: el gasto que está cerrando el margen del Presupuesto
El dato publicado en agosto obliga a mirar con seriedad las finanzas públicas mexicanas. Durante el primer semestre de 2026, el Gobierno Federal destinó 1.13 billones de pesos al pago de pensiones contributivas y no contributivas, un incremento real de 5.28% anual. La cifra equivale a 34% del gasto programable y a 38% de los ingresos tributarios obtenidos durante el periodo. Además, ya se había ejercido 49% del presupuesto anual destinado a pensiones.
El problema no es solamente el tamaño del cheque, sino la velocidad con la que crece. Para todo 2026 se contempla un gasto pensionario cercano a 1.704 billones de pesos, cifra que nominalmente es aproximadamente 2.5 veces la registrada una década atrás.
Detrás de esta presión existen dos fenómenos distintos. Por un lado, están las pensiones contributivas, derivadas de los sistemas laborales del Estado y de instituciones como IMSS e ISSSTE. Por otro, las pensiones no contributivas, particularmente los programas sociales para adultos mayores, que se han convertido en uno de los pilares de la política social del Gobierno.
El CIEP advierte que esta dinámica reduce el espacio disponible para otras prioridades. Y BBVA ha señalado un problema todavía más profundo: hacia 2027, las obligaciones relacionadas con pensiones, deuda y transferencias a estados y municipios dejarían solamente alrededor de 32% de los ingresos presupuestarios para gasto discrecional. El margen fiscal, además, habría descendido de aproximadamente 11% del PIB en 2016 a cerca de 8%.
Aquí aparece la verdadera vulnerabilidad del Presupuesto 2027.
Hacienda plantea continuar con la consolidación fiscal y reducir gradualmente el déficit. Los Pre-Criterios contemplan un déficit presupuestario cercano a 3% del PIB para 2027, mientras que el IMCO advierte que alcanzar la reducción planteada implicaría una disminución importante del gasto público y cuestiona qué tan realista es hacerlo sin afectar inversión y servicios.
La coyuntura política es todavía más compleja. Pensiones y programas sociales son probablemente los rubros más difíciles de recortar. Tienen beneficiarios perfectamente identificados y un enorme costo político si se reducen. Por ello, el ajuste fiscal necesariamente tiende a desplazarse hacia áreas menos protegidas: infraestructura, inversión pública, gasto operativo o nuevos ingresos tributarios. Y ahí está la paradoja: México necesita más inversión para crecer, pero cada vez tiene menos presupuesto flexible para financiarla.
El escenario se vuelve delicado si el crecimiento económico resulta menor al esperado. Hacienda contempla para 2026 un rango de crecimiento de 1.8% a 2.8%, con un punto medio de 2.3%. Si la economía crece menos, también crecerá menos la recaudación, mientras pensiones y deuda continuarán aumentando.
La conclusión es contundente: el problema fiscal de México no está solamente en cuánto gasta el Gobierno, sino en cuánto de ese gasto ya está comprometido. Pensiones, deuda y transferencias están reduciendo progresivamente la capacidad del Estado para decidir dónde invertir cada peso adicional.
El Presupuesto 2027 será, por ello, mucho más que una discusión de cifras: será una prueba de hasta dónde puede llegar la política social sin sacrificar crecimiento, inversión y sostenibilidad fiscal. El verdadero riesgo no es que México deje de pagar pensiones; es que para poder pagarlas termine dejando de invertir en el México que tendrá que financiarlas mañana.
